El Notario es, de manera inescindible, un funcionario público y un profesional del Derecho. En cuanto funcionario público debe actuar siempre dentro de su ámbito competencial, atemperando su actuación al ordenamiento jurídico y velando para que los documentos que autorice o intervenga se ajusten, formal y sustancialmente, a las previsiones del propio ordenamiento.

Esta es históricamente la visión social de la figura del Notario. Aún en los tiempos actuales, la identificación entre legalidad y actuación notarial constituye un hecho irrebatible.

A nivel normativo y sin ánimo de agotar la materia, ese papel de "guardián del Derecho" o de controlador de la legalidad, tiene su reconocimiento en preceptos como el artículo 17 bis de la Ley Orgánica del Notariado, que le obliga a dar fe de que el otorgamiento se adecua a la legalidad, o el artículo 24 del mismo texto, según el cual los notarios en su consideración de funcionarios públicos deberán velar por la regularidad no sólo formal sino material de los actos o negocios jurídicos que autoricen o intervengan. La omisión de estos controles constituye verdadera dejación de las funciones que el Notario tiene legalmente atribuidas y, naturalmente, está tipificada a efectos disciplinarios.

Las consecuencias prácticas de ese deber del Notario se manifiestan unas veces en la obligación de denegar la prestación de su función, otras se concretan en explícitas reservas y advertencias legales y siempre en un deber de colaboración activa con las Administraciones públicas, mediante el acopio y disponibilidad de diversos datos identificativos y económicos tanto en los instrumentos públicos que el Notario autoriza como en los índices informatizados que debe remitir a tales Administraciones.