Con la fe pública damos un paso más en el camino de eliminar incertidumbres o litigios por cuanto tendremos la certeza de que los hechos por ella amparados no podrán ser impunemente cuestionados ya que están bajo la salvaguardia de los tribunales y sólo ellos, a cuyo imperio todo ciudadano está sometido, podrán desvirtuar o desmentir esa verdad oficial.

Evitaremos así que se cuestionen o se pongan en duda los contenidos de nuestras relaciones negociales, nuestra identidad y la de quienes con nosotros contrataron, el momento y lugar de nuestros acuerdos y, en definitiva, toda la amplísima gama de derechos y obligaciones en los que cualquier ciudadano está inmerso.

Tendremos así un claro e indubitado título de nuestros derechos y un eficaz instrumento ejecutivo que evitará los conflictos o, en el peor de los casos, facilitará y agilizará la solución de los mismos cuando éstos se produzcan.

No está de más recordar que la fe Pública tiene sus orígenes en la propia sociedad, necesitada de instrumentos de seguridad, y que el Estado lo único que ha hecho ha sido acogerla y regularla.

En una rapidísima visión histórica podríamos evocar etapas en las que el único medio de prueba de cualquier relación jurídica era la memoria y declaración de los testigos. Posteriormente, esas relaciones jurídicas dan lugar a documentos de cuya veracidad se hacen garantes su redactor y los testigos.
En un tercer momento se profesionaliza esa labor redactora y a la vez testifical que va adquiriendo, por el propio bienhacer de quienes la desempeñan, un mayor valor ante jueces y tribunales. 

Por último, el Estado (siquiera lo fuese en fórmulas más embrionarias que las actuales) asume esa necesidad social de certidumbre y la solución que la propia sociedad se había dado. Nace así la fe pública como credibilidad social ascendida a verdad oficial.

La fe pública no es una imposición del Estado ni un artificio burocrático y entorpecedor sino una conquista de la sociedad.